Vivienda de interés social: nuevas reglas para compradores e inmobiliarias

La vivienda de interés social podría tener nuevas condiciones en Perú. El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de reglamento que plantea restricciones para los beneficiarios de programas habitacionales y mayores controles para las empresas inmobiliarias. ¿Qué cambiaría y cómo impactaría en el sector?
¿Qué restricciones tendrían los compradores?
Una de las principales propuestas establece que quienes adquieran una vivienda de interés social con apoyo del Estado deberán utilizarla como residencia propia durante los primeros cinco años.
Durante ese periodo, no podrán venderla ni alquilarla a terceros. El plazo se contabilizaría desde la inscripción de la compraventa en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
¿Y qué ocurriría si no cumplen? Los beneficiarios podrían perder el acceso a futuros programas habitacionales y tendrían que devolver el subsidio recibido, junto con los intereses legales correspondientes.
La medida busca evitar que las viviendas financiadas con apoyo estatal sean utilizadas como inversiones para generar ingresos mediante alquileres.
¿Qué sanciones enfrentarían las inmobiliarias?
El proyecto también contempla nuevas obligaciones para los promotores inmobiliarios. Entre ellas destaca la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), donde deberán inscribirse los proyectos y las unidades comercializadas.
Además, se propone clasificar las infracciones en leves, graves y muy graves. Dependiendo del incumplimiento, las empresas podrían recibir amonestaciones o multas económicas.
Entre las conductas sancionables se encuentran comercializar viviendas por encima de los valores permitidos, incumplir las condiciones técnicas de los proyectos y omitir información obligatoria en los contratos de compraventa.
¿Cómo impactaría en el mercado inmobiliario?
De aprobarse, estas disposiciones exigirían mayor responsabilidad tanto de los compradores como de las empresas inmobiliarias.
Para los agentes inmobiliarios, conocer estas condiciones será fundamental al momento de asesorar a sus clientes, especialmente a quienes buscan acceder a programas de vivienda social.
Estar actualizado sobre los cambios normativos permite brindar una asesoría transparente, evitar confusiones y generar mayor confianza en cada operación inmobiliaria.
Es importante recordar que estas medidas corresponden a un proyecto de reglamento publicado para consulta pública en julio de 2026, por lo que no deben confundirse con disposiciones definitivas.
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